Santa Cruz pide intervención militar al gobierno de Bolivia ante ola de violencia del PCC y Comando Vermelho
Bolivia tiene un problema que ya no cabe dentro de sus fronteras — y que tampoco cabe dentro de la capacidad de respuesta de sus fuerzas del orden locales. La Gobernación de Santa Cruz, la región más poblada del país, lanzó este miércoles un llamado de emergencia al gobierno federal de Rodrigo Paz: piden intervención militar conjunta ante lo que describen como una «ola de violencia extrema» protagonizada por organizaciones criminales con capacidades que, en sus propias palabras, están «por encima de las fuerzas del orden y del propio Estado».
No es una advertencia menor. Es un reconocimiento público de que la situación en Santa Cruz ha escalado a un punto donde las autoridades locales consideran que ya no tienen los recursos para contenerla por sí solas.
Los hechos que detonaron el llamado
La solicitud de intervención militar no llegó de la nada — llegó después de una semana de incidentes que, vistos en conjunto, dibujan un cuadro de deterioro acelerado de la seguridad en la región.
El asesinato de un ciudadano extranjero en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, donde dos presuntos delincuentes le dispararon varias veces en plena vía pública, fue el detonador inmediato. Pero detrás de ese hecho hay una cadena de eventos que explica la urgencia del llamado.
En la hacienda del municipio de San Matías, fronterizo con Brasil, un grupo armado irrumpió y asesinó a cuatro personas. Al día siguiente, cuando agentes de inteligencia se dirigían a la zona para investigar el ataque, fueron emboscados por un grupo armado. Uno de los policías fue acribillado — y los atacantes se llevaron su cuerpo para abandonarlo posteriormente en una pista clandestina.
A esos hechos se sumó la fuga de dos reclusos brasileños de la cárcel de Palmasola, la más poblada y conflictiva del país, aprovechando un corte de luz. Uno de ellos estaba detenido por asesinato; el otro, por tráfico de armas. La policía boliviana activó un plan de búsqueda y recaptura e hizo públicos sus retratos.
Y en el municipio de San Ignacio de Velasco, también en Santa Cruz, un ciudadano brasileño fue asesinado a tiros durante el fin de semana en lo que la Policía presume fue un ajuste de cuentas.
El PCC y el Comando Vermelho: la disputa que cruza la frontera
El gobierno boliviano de Rodrigo Paz fue directo sobre el origen de la violencia en San Matías: los sucesos están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa activa por las rutas del narcotráfico en la frontera entre Bolivia y Brasil.
No es una novedad geopolítica — es la expresión local de un conflicto que lleva años extendiéndose desde Brasil hacia los países fronterizos. El PCC y el CV, dos de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, han expandido su presencia hacia Bolivia, Paraguay y otros países vecinos en la medida en que controlan rutas estratégicas para el tráfico de cocaína hacia Europa y África.
Santa Cruz, por su posición geográfica y su conectividad con Brasil, se ha convertido en un territorio de disputa en esa guerra silenciosa. Los asesinatos, las emboscadas y las fugas de presos brasileños de las últimas semanas son las manifestaciones visibles de ese conflicto en suelo boliviano.
La solicitud: militares con autorización para actuar
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, no solo pidió intervención militar — pidió una intervención que tenga capacidad real de actuar. «Pedimos que la fuerza militar haga uso de sus armas de reglamento exenta de responsabilidad penal para una intervención eficaz y no así decorativa o disimulada», señaló.
Esa frase es significativa. Habla de la frustración de las autoridades locales ante intervenciones previas que, en su percepción, no tuvieron el impacto necesario. Una intervención «decorativa o disimulada», en sus términos, es una que llega pero no cambia las condiciones de seguridad sobre el terreno.
Santistevan fue también claro sobre el alcance del problema: «Estos hechos no son aislados y no comprometen solamente a una población o al departamento de Santa Cruz, sino que son acciones que comprometen a todo el país.»
Brasil como socio en la respuesta
Ante la evidente dimensión transnacional del problema, el Ministerio de Gobierno boliviano anunció que la Policía Federal de Brasil abrirá próximamente una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales y facilitar el intercambio de información.
Es un paso en la dirección correcta — pero también un reconocimiento implícito de que el problema del PCC y el CV en Bolivia no puede resolverse desde Bolivia sola. La cooperación bilateral es indispensable cuando las organizaciones criminales operan sin importarles las líneas que dividen los mapas.
Una crisis que no es ajena a la región
Lo que ocurre en Santa Cruz tiene ecos en toda América Latina. La expansión del crimen organizado brasileño hacia los países vecinos es una tendencia que lleva años consolidándose y que ha transformado los patrones de violencia en Paraguay, Bolivia, Uruguay y otros territorios que antes no eran considerados zonas de alta conflictividad criminal.
México, Colombia y otros países de la región han aprendido — a veces a un costo altísimo — que cuando las organizaciones criminales logran establecerse en un territorio con suficiente capacidad operativa, revertir esa presencia requiere de esfuerzos sostenidos, coordinación interinstitucional y voluntad política de largo plazo.
Bolivia está en ese umbral ahora mismo. La pregunta que el gobierno de Rodrigo Paz tendrá que responder en los próximos días es si está dispuesto a tomar las medidas que la Gobernación de Santa Cruz está pidiendo — o si optará por una respuesta que, en palabras del propio secretario de seguridad cruceño, termine siendo «decorativa o disimulada.»