1.-José Ramiro López Obrador descarta impunidad
José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, rechazó que exista impunidad en la administración estatal encabezada por Javier May Rodríguez o en el Gobierno federal, y sostuvo que cualquier persona señalada por la comisión de un delito debe responder ante la justicia, independientemente del cargo público que haya ocupado.
Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el funcionario puso como ejemplo el caso del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue detenido en Paraguay y trasladado a México para enfrentar los procesos judiciales que existen en su contra.
Al ser cuestionado sobre las investigaciones relacionadas con el exfuncionario, José Ramiro López Obrador sostuvo que su detención demuestra que no existe protección política para quienes presuntamente hayan cometido delitos.
“Si hay pruebas, que se castigue sea quien sea”, afirmó el encargado de la política interna del estado.
Sin embargo, cuando se le preguntó si los dos últimos exgobernadores de Tabasco deberían ser investigados o sancionados por las presuntas irregularidades relacionadas con Bermúdez Requena, el secretario de Gobierno evitó fijar una postura y respondió: “Ahí no me meto”.
La respuesta se produjo en medio de los cuestionamientos del dirigente perredista Javier Cabrera Sandoval, quien ha insistido en la necesidad de esclarecer las posibles responsabilidades políticas y administrativas derivadas del caso.
La postura del funcionario deja una diferencia entre el compromiso público de no permitir la impunidad y su cautela para referirse a quienes encabezaron el Poder Ejecutivo estatal durante los periodos en los que Bermúdez Requena ocupó responsabilidades dentro de la estructura de seguridad.

José Ramiro descarta impunidad en el caso Hernán Bermúdez
Un caso que involucra a las anteriores administraciones
Hernán Bermúdez Requena encabezó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández, entre diciembre de 2019 y febrero de 2024. Posteriormente, permaneció en el cargo durante parte de la administración de Carlos Manuel Merino Campos, quien asumió la gubernatura tras la salida de López Hernández.
El exfuncionario es señalado por las autoridades como presunto líder y fundador de la organización criminal conocida como La Barredora, grupo al que se le atribuyen actividades delictivas en territorio tabasqueño y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las investigaciones en su contra cobraron mayor relevancia durante 2025, cuando las autoridades estatales y federales intensificaron las acciones para localizarlo, luego de que se emitiera una orden de aprehensión y se activaran mecanismos internacionales de búsqueda.
El 12 de septiembre de 2025 fue detenido en Paraguay, en un operativo que involucró a instituciones de seguridad de ese país y autoridades mexicanas. De acuerdo con información oficial del Gobierno paraguayo, su localización fue resultado de trabajos de inteligencia e intercambio de información entre ambos gobiernos. Posteriormente, fue trasladado a México para quedar a disposición de las autoridades judiciales.
La detención representó un acontecimiento relevante para las investigaciones sobre las estructuras criminales que operaban en Tabasco, particularmente por tratarse de un exresponsable de la seguridad pública estatal.
La captura también abrió un debate político sobre el posible conocimiento que pudieron tener los anteriores gobiernos respecto a las actividades que presuntamente realizaba el exsecretario. No obstante, los señalamientos y las líneas de investigación no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal contra los exmandatarios.
El caso de Bermúdez Requena no se limita a su detención en Paraguay. Las autoridades mexicanas mantienen investigaciones relacionadas con presuntos delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro, además de otras líneas de investigación de carácter federal.
En abril de 2026, el periódico La Jornada informó que la Fiscalía General de la República aún tenía pendientes actuaciones para cumplimentar una orden de aprehensión federal relacionada con delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos.
Por otra parte, en marzo de 2026, el gobernador Javier May Rodríguez señaló que la Fiscalía General del Estado contaba con elementos para integrar nuevas acusaciones contra el exsecretario, sin descartar que se ampliaran los delitos imputados.
Estos antecedentes mantienen el caso en el centro de la discusión pública, debido a la gravedad de las acusaciones y a la posición que ocupó Bermúdez Requena dentro de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los tabasqueños.
En este contexto, la exigencia de que se investigue a fondo no solamente alcanza al exfuncionario detenido, sino también a las posibles redes de complicidad, protección o encubrimiento que pudieran haber permitido el crecimiento de las estructuras criminales.
Sin embargo, cualquier eventual responsabilidad de otros servidores públicos deberá establecerse mediante investigaciones ministeriales y pruebas presentadas ante las autoridades judiciales.
López Obrador evita comprometerse sobre los exgobernadores
Aunque José Ramiro López Obrador insistió en que no debe existir impunidad y que las investigaciones deben alcanzar a cualquier persona contra la que existan elementos, su respuesta sobre los dos últimos exgobernadores dejó sin una definición política el alcance de esa postura.
La declaración resulta relevante porque Adán Augusto López Hernández fue el gobernador que nombró a Bermúdez Requena como responsable de la seguridad pública estatal, mientras que Carlos Manuel Merino continuó su administración durante el periodo en el que el exsecretario permaneció en funciones.
Durante su intervención legislativa, José Ramiro López Obrador también lanzó críticas contra la gestión de Carlos Merino, a quien se refirió con ironía al hablar de la conducción política de Tabasco durante el gobierno anterior.
No obstante, evitó establecer si considera que alguno de los exmandatarios debe enfrentar consecuencias legales por el caso.
El secretario reiteró que las acusaciones deben sustentarse con elementos verificables y que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades.
La discusión ocurre en un momento en que el esclarecimiento del caso Bermúdez Requena continúa siendo uno de los asuntos políticos y de seguridad más delicados para Tabasco.
La exigencia de justicia también plantea interrogantes sobre los controles institucionales que existieron durante las administraciones anteriores y sobre la manera en que una persona señalada de encabezar una organización criminal pudo ocupar durante años una de las posiciones más importantes del aparato de seguridad estatal.
Por ahora, la postura de José Ramiro López Obrador es que no habrá protección para nadie, siempre que existan pruebas que permitan proceder legalmente. Sin embargo, su negativa a pronunciarse sobre los exgobernadores mantiene abierta la discusión sobre hasta dónde llegará el compromiso de combatir la impunidad en uno de los casos que más cuestionamientos ha generado sobre la seguridad pública en Tabasco. Más en Satélite TV. José Ramiro. José Ramiro
