El «decomiso histórico» de la FGR se tambalea: sin detenidos, sin clausura y con la empresa operando de nuevo
Lo que se presentó como el mayor golpe contra el huachicol en la historia de México se complica: la terminal siguió funcionando, no hubo arrestos, la empresa tiene permisos vigentes desde 2016 y la propia FGR admite que aún no acredita la ilegalidad del combustible
la Fiscalía General de la República presentó ante los medios lo que describió como el mayor aseguramiento de hidrocarburo de la historia de México: 59 millones 36 mil 870 litros de combustible —33.5 millones de gasolina regular, 7.3 millones de premium y 18.3 millones de diésel— encontrados en una terminal de almacenamiento en La Fragua, San José Iturbide, Guanajuato. La fiscal Ernestina Godoy lo calificó como un golpe histórico contra el huachicol. Los medios amplificaron el mensaje. Las redes ardieron.
Cuarenta y ocho horas después, el llamado golpe histórico comenzó a desmoronarse.
Lo que nadie dijo el día del anuncio
Ni la FGR ni el Gobierno de Guanajuato informaron que el operativo había ocurrido el 4 de septiembre —no el 17—, y que la planta cateada no fue clausurada. Desde el 10 de septiembre retomó actividades. Es decir: la terminal que fue presentada como el centro de un operativo histórico llevaba una semana funcionando de nuevo antes de que el gobierno anunciara públicamente el «golpe.»
Tampoco se mencionó que el combustible permaneció en los tanques de la empresa. Ni que no hubo detenidos durante el operativo. Ni que las instalaciones no fueron selladas.
La empresa que dice tener todo en regla
Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, rechazó las acusaciones relacionadas con el aseguramiento y aseguró que la operación de sus instalaciones es legal. «La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales», afirmó la empresa en un comunicado.
La compañía aseguró que cuenta desde hace nueve años con un permiso federal para almacenar petrolíferos, con vigencia de 30 años, además de autorizaciones ambientales, de seguridad industrial, ferroviarias, estatales y municipales. La terminal opera bajo el permiso PL/19344/ALM/2016. No es una instalación clandestina construida en la madrugada — es una empresa que afirma llevar casi una década operando con documentación en regla.
Grupo SIMSA es un conglomerado fundado en 1967, con actividades en energía, alimentos, comercio, construcción, inmobiliario y transporte, que genera empleo para más de 14 mil personas. No es un cartel. Es, al menos en papel, una empresa formal con décadas de historia.
Lo que la FGR admitió después
La FGR informó que el combustible fue asegurado porque no se había acreditado su origen. Hasta hoy no ha determinado qué parte, si alguna, es ilegal.
La fiscal Ernestina Godoy ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) atrajera el caso. Esa atracción — que lleva el caso a Ciudad de México y fuera del mando del fiscal de Guanajuato — es una señal de que el expediente es más complejo de lo que el anuncio original sugería.
Una cosa es asegurar 59 millones de litros cuyo origen debe comprobarse, y otra decomisar 59 millones de litros de huachicol. La distinción importa. Y la FGR la borró deliberadamente al momento del anuncio.
Cero detenidos en el «golpe histórico»
Hasta ahora existe combustible asegurado, documentación bajo análisis, una empresa que afirma operar legalmente, una terminal nuevamente activa, cero detenidos durante el operativo y una investigación que todavía no termina.
En cualquier operativo legítimo contra el huachicol — los que se ejecutan en Hidalgo, Puebla o Tamaulipas — hay detenidos, hay clausura del inmueble y hay una cadena de custodia del material asegurado. Aquí no hubo nada de eso. El combustible sigue en los tanques de la empresa. La terminal siguió operando. Y nadie está detenido.
El contexto que complica aún más a la FGR
El episodio resulta todavía más llamativo porque ocurre mientras la Fiscalía de Ernestina Godoy enfrenta otra incómoda controversia relacionada con el exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. La misma semana en que la FGR presumía su «golpe histórico», también era cuestionada por no localizar al exfuncionario para una diligencia judicial — una situación que la propia presidenta Sheinbaum tuvo que salir a aclarar públicamente.
Dos frentes abiertos en la misma semana para una fiscalía que llegó al cargo con la promesa de mayor transparencia y eficacia.
Lo que puede pasar — y lo que ya pasó
La investigación puede terminar acreditando irregularidades fiscales, contrabando, documentación falsa o simulación de operaciones. Si existen, deberán perseguirse con todo el peso de la ley. Pero el daño ya está hecho: la FGR presentó como hecho probado lo que seguía bajo investigación, y cuando la realidad no coincidió con el anuncio, tuvo que aclarar en silencio lo que había anunciado a tambor batiente.
Lo cuestionable fue presentar como un hecho probado lo que seguía bajo investigación.
59 millones de litros asegurados no equivalen a 59 millones de litros de huachicol. Esa diferencia —pequeña en palabras, enorme en términos legales y periodísticos— es la que convierte el «decomiso histórico» de la FGR en una de las operaciones de comunicación más cuestionadas del año. más en https://satelitetv.mx/